|
Un país ingobernable
Desde hace ya un tiempo he dejado de enfrascarme en la lectura de los espesos y repetitivos editoriales de los periódicos así como en los sesudos artículos de opinión de las firmas más conocidas. Será cuestión de flojera. Últimamente me he decidido por dar repaso a las viñetas en las que sus autores, con escasa profusión de palabras, suelen dar con el quid de la cuestión, algo que valoro sobremanera. Su capacidad de síntesis y tino, no me dejan de asombrar. Cada día me sorprenden con una visión diáfana y palpable del mundo en el que nos movemos y de los intereses y actitudes de aquellos que están en la vida pública, en los que, al contrario que en ellos, predomina la verborrea casi siempre vacía de contenido y preñada de planteamientos sesgados. En una de esas viñetas a las que me refería, en concreto una de El Roto, hace unas semanas cuando el auge de todo el ataque de los mercados a la economía española que tanto parecía satisfacer a algunos “patriotas”, la pregunta del personaje era: ¿Si votamos a los partidos por qué gobiernan los mercados? Es una pregunta que desde que la leí, me la he venido repitiendo y aunque conozco la respuesta es algo que no llega a entrar en mi cabeza. En cierta medida, El Roto como tantos y tantos de nosotros nos preguntamos qué sentido tiene la democracia, nuestra participación en las urnas y los representantes que elegimos elección tras elección si después son otros los que deciden al margen de ellos y de los ciudadanos que los eligieron. Eso pasa con la economía, que son los mercados u otros poderes ocultos y fácticos los que deciden por dónde deben de ir las líneas de la políticas económicas de los países, y al parecer en nuestra España, también ocurre, o algunos quieren que ocurra, con otras políticas que no van a depender de los programas electorales de los partidos votados, ni de las decisiones tomadas por los gobernantes, ni tan siquiera de lo legislado por las cámaras al efecto, sino de los planteamientos de otros que nada tienen que ver con los poderes legítimamente elegidos por el pueblo. Los grupos de presión son los que en definitiva intentan dirigir los destinos de todos los ciudadanos de acuerdo con sus propios intereses contando con el apoyo más o menos explícito, según convenga, del principal grupo de la oposición. Y es evidente que un grupo de estos no puede erigirse en representante de todos los ciudadanos por muy convencidos que estén de sus postulados, y mucho menos un grupo político puede echarse a sus espaldas los planteamientos de cualquiera de esos grupos. Las leyes que afectan a la salud pública no pueden depender de los planteamientos de la jerarquía religiosa, ni de los hosteleros y restauradores, de los colectivos sanitarios que trabajan en el sistema o de la industria farmaceútica, del mismo modo podemos decir de las leyes que afecten a la educación, a la agricultura, a la industria o a cualquier otro sector, las cuales no pueden depender de los diversos grupos que tengan intereses en ellos. Bien hará el gobernante en escuchar a unos y a otros, pero al final debe legislarse para la generalidad del pueblo sin dejarse influenciar por esos grupos y mucho menos decantarse por sus ideas que, por mucho cacareo que les den, normalmente no representan a la mayoría de los ciudadanos. En estos últimos tiempos, el PP se ha erigido en portavoz de algunos de esos grupos y apoyados en no se sabe muy bien qué planteamientos ha utilizado los recursos ante el Tribunal Constitucional con el fin de conseguir en un tribunal, con frecuencia como la mayoría de todos los tribunales, ideológicamente próximo a sus tesis, lo que no consiguieron con el respaldo en las elecciones ni con sus votos en las Cortes. Como decía Llamazares los populares, mientras que el constitucional tenga la composición que tiene, lo están convirtiendo en una tercera cámara por mor de sus continuos recursos siempre que las leyes no cuadren con sus planteamientos ideológicos y los de esos grupos que en él encuentran su asidero. Ha ocurrido con el Estatuto de Cataluña y está ocurriendo con la ampliación de la ley del aborto, sucedió en el pasado con otras muchas leyes y sucederá en el futuro, siempre que se mantengan en la oposición. Mas no sólo es el partido popular a nivel nacional el que actúa de esa manera, sino que algunos de sus más ilustres varones y varonas (que diría Aído, bien dicho por cierto), se dedican a animar al no acatamiento de las leyes aprobadas por las cortes, y obvian las decisiones del Constitucional, cuando las mismas no coinciden con su intereses. Según ese criterio las leyes deben de estar hechas de acuerdo con el parecer de cada uno, y si alguna no lo está pues siempre estamos a tiempo de objetar o de declararnos en rebeldía porque atenta a nuestra concepción de éste o aquel otro principio. Todo ello obligará al legislador a elaborar leyes que no afecten a las conciencias de ninguno de los ciudadanos y así tendrá que legislar específicamente para cada uno de los individuos que conformamos la nación, o al menos para los grupos más característicos que vivimos en ella. Así habrá que hacer leyes que dejen contentos a los profesionales de la sanidad que piensen así o asao, de igual modo con los de la educación, con los de la defensa, la agricultura, la industria…, aunque puede que al final todo resulte baldío porque dependiendo del signo político de las distintas autonomías del estado de las mismas, resultará que se acatarán o se dejarán de acatar las leyes elaboradas por el pueblo soberano representado en las Cortes. Las Cortes, los partidos políticos que la componen, no deben tener en cuenta el programa con el que se presentaron sino toda la casuística que cada individuo lleva dentro, lo que es bueno para uno no siempre es bueno para otros y viceversa. Es evidente que desde el momento en que todo lo que sale de las cámaras va a ser recurrido por el grupo que no tiene mayoría en ellas, y no va a ser acatado por los mismos que tienen mayoría en otros territorios políticos, podemos llegar a convertir a esta España, a la que tanto dicen amar esos mismos, en un país ingobernable. Los mismos que no cesan de criticar a los nacionalistas por su falta de aceptación de los preceptos legales que les atañen a nivel nacional, los que hablan del lío en el que Zapatero ha metido a este país convirtiéndolo en un “fallido estado constitucional”, etc, etc., son los que, cuando lo creen conveniente, se rebelan contra aquellas leyes que, emanadas de la mayoría reflejada en las cámaras que representan a todos los ciudadanos, parecen no casar bien con su ideario “popular”. Bonita forma de dar ejemplo. Teodoro R. Martín de Molina. 8 de julio de 2010. |