Atardecer. Fotografía de Salvador Martín

LA GACETA DE GAUCÍN
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OPINIÓN

PACTO POR LA EDUCACIÓN.

Si en la legislatura anterior se buscó el pacto por las libertades, el pacto antiterrorista, el pacto por la justicia, ¿para cuando vamos a dejar el pacto por la educación?
Se hace totalmente imprescindible que los distintos partidos políticos, sustentados en el conocimiento práctico y teórico de los que entienden del tema, se sienten de una vez por todas y hagan que este país tenga un sistema educativo razonablemente duradero, que no sea una imposición de dogmas ni criterios pedagógicos de uno u otro signo, sino fruto del debate y posterior acuerdo de todos los implicados en las tareas educativas con los propios legisladores . Después, todos debemos tener como última meta el éxito de la labor educadora y debemos afrontar la implantación del sistema, sea el que sea, con el espíritu abierto a la colaboración, al ensayo y a las reformas y modificaciones que se consideren necesarias tras un período razonable desde su puesta en funcionamiento y la consiguiente evaluación externa e interna. Las posteriores modificaciones, siempre necesarias, de un sistema educativo no pueden llevarse a cabo de hoy para mañana, deben ser elaboradas con calma y procurando el mayor consenso posible.
De otro modo, nos veremos siempre sumergidos en estos cambios y recambios que no conducen a nada; o sí, conducen al cacao mental que tenemos muchos de los que nos dedicamos a la enseñanza y que, de alguna forma, solemos transmitir a los que tenemos que enseñar.
En muchas ocasiones, por no decir siempre, los problemas de asentamiento del sistema están fuera de él mismo. Son otras políticas las que influyen negativamente sobre él, sobre todo la política económica. Nuestros gobiernos suelen invertir en casi todo y, de igual modo, suelen descuidar la inversión en educación que, sin duda, sería la más rentable. Si falla la financiación, algo bastante normal, ¿qué esperamos que suceda? Sin medios no hay quien eche a andar el complicado engranaje que supone todo sistema educativo.
Desde la Ley General de Educación de Villar Palasí, allá por el año 70 en los coletazos del franquismo, hasta la Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza de Pilar del Castillo en el último gobierno de Aznar, todas las leyes de Educación han adolecido del mismo problema: nunca ha habido dinero para poder ponerlas en práctica en todos sus términos. Lo que siempre se ha hecho, ha sido contar con la buena voluntad de los enseñantes para que cómo Dios les ha dado a entender, hayan sacado de sus costillas lo que el estado nunca sacó de sus arcas.
Sin entrar en profundidades, trataré de reseñar algunos aspectos de las distintas leyes que, cada una a su manera, han intentado mejorar la educación en nuestro país. En casi todas ellas podemos encontrar avances y aspectos positivos, que por todo lo expuesto anteriormente no llegaron a plasmarse en su totalidad.
La Ley General de Educación “la Ley Villar Palasí” supuso un avance infinito respecto a la centenaria Ley Moyano. En ella se preveían aspectos interesantes como: la diferenciación de las enseñanzas por ciclos, la promoción o no de los alumnos al final de los mismos en los niveles obligatorios, una enseñanza individualizada, objetivos y contenidos estructurados, un nuevo concepto de evaluación, la flexibilidad en los agrupamientos de alumnos, la implantación de profesores especialistas para el Ciclo Superior, la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta los 14-16 años, la regulación de la Educación Especial, BUP, COU y FP…
Qué pena de la FP, “entre todos la mataron y ella sola se murió”. Con esta ley pusieron algunos el grito en el cielo porque se les quitaban a sus alumnos y se los daban a otros. El Ciclo Superior de la EGB jamás llegó a ponerse en práctica en su globalidad. Falta de preparación del profesorado, el reciclaje se hizo, como es costumbre en nuestro país, a la bulla y corriendo en el mejor de los casos, o al buen tún-tún (recuerdo que en un principio se cayó en un fichismo total con el que se pretendía llevar a cabo la individualización), etc.
Con la llegada de la democracia y la aprobación de la constitución del 78, algunos de los aspectos organizativos y funcionales de la ley anterior hubieron de ser reformados, para ello se promulgó la LOECE “Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares” que aportó los primeras mimbres para la democratización de los centros escolares, hoy en día derogada en su totalidad por la LODE y la LOPEGCE
La LODE supuso la democratización total de los centros previendo la participación de todos los sectores en la gestión y organización de los mismos, así como, la articulación del asociacionismo y el establecimiento de derechos y deberes de todos los sectores de la comunidad educativa.
La LOGSE aunque derogaba la Ley de 1970, mantenía muchos de los conceptos y planteamientos de aquella. Con ella se amplía el período gratuito y obligatorio hasta los 16-18 años, se regula la educación infantil a partir de los 3 años, los módulos profesionales de grado Medio y Superior, la implantación de los departamentos de Orientación, nuevas especialidades como: Logopedia, Música o el segundo idioma desde la E. Infantil y Primaria, prevé aspectos de alta carga social como la Diversificación Curricular y los Programas de Garantía Social al final de la ESO. Probablemente sea la más ambiciosa de las leyes, una de las que peor  se han financiado y, sin duda, la peor vendida y peor aceptada por una mayoría de los docentes, sobre todo por aquellos que cuando se implantó la LGE pusieron el grito en el cielo porque perdían alumnos, ahora lo ponen de nuevo porque se les devuelven.
 La LOCE es, en mi opinión, la ley de la que podemos sacar menos aspectos positivos, pues en su elaboración se ha pretendido, más que mejorar la calidad de la educación como reza en su enunciado, el ir contra algo y/o a favor de algo, ha sido un intento de contentar a los de siempre, a los que lo tienen todo, a la elite, y poco más. Si acaso  la implantación de la iniciación profesional a partir de 3º de ESO, algo que podía haberse subsanado anticipando el tiempo para poder entrar en un grupo de Diversificación o en los Programas de Garantía Social. Por otro lado sí establece aspectos conflictivos como el tema de la asignatura de religión (¿para cuando se sacarán todas las religiones de las escuelas públicas?), el establecimiento de los itinerarios a partir de 3º de ESO, o la reimplantación de la reválida, la supresión, en la práctica, de la participación de la comunidad educativa en la elección del Director de los centros, etc.
Si la alternancia en el poder se establece como norma, que es algo lógico, nos veremos abocados a un cambio cada cuatro u ocho años, tiempo totalmente insuficiente para que cualquier sistema educativo pueda asentarse y ser valorado con justicia. Y los paganos de tales volubilidades no serán otros que los alumnos, los docentes, las familias y, por ende, toda la sociedad.
Nuestra sociedad, en general, nunca se implica en los temas de educación si no es para criticarlos: se critica a todo lo que tenga relación con la educación, desde la escuela hasta la universidad. A la escuela se la culpabiliza de la mayor parte de los males que nos aquejan al tiempo que, contradictoriamente, se trata de buscar la solución a partir de ella. La crítica, cuando no el vilipendio de los docentes es moneda corriente en amplias capas sociales, y se practica con mayor ensañamiento con los que son más en cantidad y menos en escalafón, cuando estos son, sin ánimo de ataque a los demás estamentos, unos de los que más se dejan la piel en el intento. Pues bien, es la sociedad en su conjunto la que está obligada a tomarse el tema en serio y exigir a los poderes públicos a que un pacto por la educación se sustancie con un acuerdo que permita a las futuras generaciones saber cómo van a educar y cómo van a ser educadas.

Teodoro R. Martín de Molina. Mayo-2004.