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A paso de tortuga
Se relata en una fábula cómica que reunidos en la selva los animales tras un período de sequía, echaron a suerte cuál de ellos debería cruzar el desierto que antes fue vergel en busca de agua para todos, y la “suerte” recayó en la tortuga. Pasaron las horas, los días, las semanas, los meses… y la tortuga no daba señales de vida. Cansados de la espera, los demás animales proferían todo tipo de improperios en contra del reptil con caparazón cuando, desde detrás de un matorral cercano, se oyó una débil vocecilla que decía: “Como me sigáis criticando no voy a por el agua”. A una tortuga como ésta se parece, en no pocas ocasiones, nuestra justicia. Dicen algunos que la justicia para que sea justa de verdad debe de ser lenta, pues, por contraposición, la injusticia suele ser rápida, a veces demasiado rápida. ¡Hombre!, digo yo, ¡ni tanto ni tan calvo! Como en casi todos los órdenes de la vida, en el término medio estará la virtud y por ello la justicia debería de tomarse su tiempo. El tiempo necesario para que las decisiones que tomen y afectan a personas concretas con nombres y apellidos y, a veces, por extensión a muchos ciudadanos anónimos, sea el conveniente para que la resolución sobre la causa juzgada esté basada en fundamentos contundentes y probados y no en las primeras impresiones que el asunto pudiera parecer que dejara traslucir. Lo anterior no implica que se tenga que eternizar, ya que todo el efecto positivo que puede conllevar una sentencia se evapora sin que para nada sea perceptible por el común de los ciudadanos. Y cosas de este jaez son las que suelen suceder cuando los casos afectan a cargos políticos, con el perjuicio para la ciudadanía y para el sistema en sí que conllevan tales dilaciones. Es verdad que las decisiones que se toman precipitadamente tienen más probabilidad de conducir al error, y en caso de temas relacionados con la honra y el buen nombre de las personas es lo menos deseable. La prensa, los medios en general, y nosotros, guiados por ellos, tendemos a formarnos un juicio de valor casi de inmediato después de que salga a la luz un asunto relacionado con algún personaje de la vida pública que afecte a la política nacional, regional, provincial o local, como es el caso al que me quiero referir. En un abrir y cerrar de ojos condenamos o absolvemos al encausado sin más criterio que el pálpito que tenemos del asunto o el que algunos, interesadamente, nos hacen sentir. También es verdad que dejar pudrirse los asuntos en los tribunales conlleva que los presuntos implicados estén constantemente en la picota y en boca de los medios y del pueblo llano; y en caso de salir absuelto poco o nada se vuelve a decir al respecto y, también por el contrario, en caso de ser condenados, poco o ningún efecto “justo” tiene la sentencia emitida sobre el caso que se juzgó. Si el que comete un delito delinque y al que delinque, según la RAE, se le puede llamar delincuente, resulta que en muchos casos nuestros pueblos han estado gobernados por tales elementos por mor de la lentitud de la justicia y la ceguera de no pocos ciudadanos. Acabo de colgar en la sección de "Gaucín en la prensa digital" una información que habla de la condena del arquitecto de Gaucín y del ex alcalde y cinco concejales –tres de ellos de la actual corporación y dos de la anterior– a una multa de no sé cuántos meses a no sé cuántos euros diarios y a una inhabilitación de nueve años para los cargos políticos, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Si tenemos en cuenta, según la sentencia, que los delitos se cometieron entre los años 2000 y 2003, pronto llegamos a la conclusión de que nuestro pueblo ha estado gobernado durante el período comprendido entre el año 2000 y mayo de 2011, tres legislaturas, que se dice pronto, (salvo el año y pocos meses que ostentó la alcaldía el PSOE, de junio de 2007 a agosto de 2008) por una corporación en la cual el equipo de gobierno, casi siempre con su alcalde a la cabeza, eran personas que habían prevaricado continuadamente y alguno de ellos, caso del ex alcalde del PA, también había malversado caudales públicos, amén de prevaricar en otros temas. Es decir, los principales responsables políticos del ayuntamiento eran, a tenor de la sentencia, un grupo de transgresores de las leyes a los que algunos, probablemente en beneficio propio, les han estado bailando el agua durante todo este largo período de tiempo apoyados en un engañoso populismo y una falsa propaganda, y un pueblo entero ha dejado su destino en manos de personas que en cualquier caso pueden ser de todo menos recomendables para la gestión de la cosa pública. No obstante y sin minimizar un ápice la responsabilidad penal y administrativa de estos gobernantes tan “ejemplares”, me llama la atención que, como en casi todas las sentencias de este tipo, una parte de los beneficiarios de esta continuada prevaricación urbanística se vaya de rositas. Me estoy refiriendo a los propietarios de los inmuebles que se levantaron en lugares protegidos o no urbanizables y que tan alegres ediles y arquitecto permitieron saltándose todas las leyes urbanísticas a la torera. ¿Acaso no son tan responsables los propietarios de los terrenos y/o de los inmuebles beneficiados de la prevaricación, como los prevaricadores condenados por su señoría? En mi opinión aquí sería perfectamente aplicable la teoría de que tan corrupto es el que da como el que toma, porque ambos obtienen beneficio. Y, como siempre, los verdaderos fastidiados de sus actos son los ciudadanos de a pie con su infinita candidez. Siga la tortuga su cansino caminar. Mientras tanto, los demás animales seguirán pasando sed. Algunos sed de justicia.
Teodoro R. Martín de Molina. 3 de noviembre de 2011. |