LA GACETA DE GAUCÍN

   
    Amablemente, bajo el pseudónimo de Pícaro, un jurista, me hacía ver en el libro de visitas de nuestra web, hace ahora aproximadamente un año, que me equivocaba en mis planteamientos respecto a la justicia en el artículo que titulé “Pleitos tengas y los ganes”, pues, a su parecer, los dardos los tenía que dirigir a los políticos y al parlamento que elaboran las leyes y no a los “obreros” que las interpretan. Como quiera que hoy es el día en el que no veo cambio sustancial en las actuaciones de muchos de esos “obreros” –especialmente entre los más cualificados–, vuelvo a retomar el asunto no con motivo de sentencia alguna –ya dije que no volvería a leerme una de ellas–, sino con lo que está sucediendo y está por llegar desde las más altas instancias de la justicia en nuestro país.
    En estos días se está volviendo a hablar en los medios de comunicación de las renovaciones y equilibrios dentro de los más altos tribunales e instituciones del estado como son el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En ambos casos las llamadas mayorías conservadoras y de progreso se alternan, en general, de acuerdo con la composición del parlamento, a no ser, como es el caso, que una de las fuerzas políticas mayoritarias se empeñe en bloquear la renovación de sus miembros con el sano propósito de no perder la mayoría de la que los proclives a sus ideas disfrutan (CGPJ), o bien dedican todas sus fuerzas y artimañas para, por medio de recusaciones y más recusaciones, hacer que el equilibrio de fuerzas se escore hacia sus tesis con lo que la teórica mayoría del sector progresista queda convertida en minoría (TC).
    Siendo todo lo anterior, a mi criterio, un juego inadmisible de los políticos que eligen a los más altos representantes de los tribunales de justicia entre personas dóciles y prestas a dejarse influenciar por las tendencias y teorías de unos u otros, como se ve votación tras votación en cada uno de los casos en los que entran en conflicto las ideas de un partido político u otro, no es menos inadmisible que los tribunales que tiene la última palabra en los asuntos de más enjundia de la nación, del estado, estén compuestos por juristas o expertos que a pesar de toda su sapiencia y rectitud se dejan influenciar por los políticos que los han colocado en el cargo. Resulta poco edificante comprobar que los asuntos con ribetes políticos que se tramitan en muchos órganos colegiados de la justicia tienen de antemano sentencias favorables o desfavorables para aquellos que plantean el litigio dependiendo de la composición de los mismos. Es por ello por lo que se esfuerzan los políticos de turno por que las mayorías estén de su lado con lo que consiguen que las resoluciones de recursos o pleitos políticos se decanten por sus tesis.
    Pero en esto, como en todo, no todos somos iguales. El ejemplo lo han dado la presidenta y el vicepresidente del TC absteniéndose en la votación del recurso de una ley que les afectaba y que ahora su aceptación o rechazo depende de los demás miembros del tribunal, que presumiblemente, mandará al garete la ley que envió el parlamento, probablemente en una argucia legislativa para prolongar el mandato de su presidenta proclive, al parecer, a las tesis de la actual mayoría parlamentaria, mientras se resuelven asuntos como los referentes al estatuto de Cataluña o al matrimonio entre personas del mismo sexo tan emblemáticos para la mayoría del congreso, en su defensa, como para la derecha en su rechazo. Según algunos medios ya parece que la sentencia está dictada y que las tesis de los que plantearon los recursos de inconstitucionalidad saldrán triunfantes.
    Ante estas expectativas yo me quedo con la duda de saber de qué depende la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, si de la ley en sí misma, de la mayoría parlamentaria que la aprobó o de las personas que tiene que interpretarlas, claro está que son estas últimas las que tendrán la última palabra y por ello, entiendo, que el declarar una norma constitucional o no va a depender del color político de unas personas determinadas y que lo que hoy aparece como constitucional dentro de un tiempo podría aparecer como inconstitucional o viceversa. Aun más, dado el caso de que los componentes del tribunal no se pusiesen de acuerdo a la hora de emitir el veredicto y se llegue a una votación final con empate entre las distintas corrientes, el dictamen final lo decide el voto de calidad de su presidente, con lo que dejamos en manos de una sola persona la decisión de declarar constitucional o no leyes aprobadas por la mayoría del parlamento que nos representa todos los españoles. Es algo que me parece totalmente inaceptable. Sé que así lo establecen las leyes que también salieron del parlamento y que por tanto es lo legal, pero suena a ilógico que una sola persona se convierta en árbitro de la política de nuestro país, y más  sabiendo de antemano que el veredicto caerá de un lado u otro dependiendo del perfil de dicha persona.
    A mi entender, el problema se plantea desde el momento en el que los políticos son conscientes de que al elegir  a los miembros de ambas instituciones están designando a correligionarios suyos que en el momento de emitir el voto en los asuntos que les sean presentados defenderán sus planteamientos, por ello, presumiendo que todos los componentes son personas de amplio bagaje jurídico, de igual modo que para elegirlos se precisan de mayorías cualificadas pienso que las decisiones de dichas instancias también deberían tomarse por  una mayoría cualificada. Las divergencias respecto a las interpretaciones de los contenidos de las leyes no pueden permanentemente llegar al empate en el que se declaran de forma evidente las dos formas antagónicas de entender la política en nuestro país. Si esto ocurriese poco importaría la composición “ideológica” de los tribunales pues evidentemente para sancionar se verían obligados a llegar a amplio consenso derivado del debate en profundidad de los temas de que se trate y tras haber convencido con argumentos de peso a aquellos proclives, en mayor o menor medida, a otros pronunciamientos.
    Quizás por ahí deberían ir los tiros para intentar remediar en algo el lamentable espectáculo al que nos someten, decisión tras decisión, ambos organismos del estado, aunque, mucho me temo, que esto no le gustará a los políticos y si así fuese ya se encargarían ellos de buscarle las vueltas necesarias hasta conseguir que sus tesis prevalezcan sobre las de los contrarios, o los medios de comunicación presentarnoslo como tal.